El plebiscito de diciembre y la información falsa

Una de las piezas clave del sistema democrático es la participación informada de los ciudadanos en los procesos eleccionarios. Es por eso que la Ley N.º 18.700, sobre Votaciones Populares y Escrutinios, contempla un mecanismo de difusión de campañas electorales de carácter obligatorio para todas las cadenas de televisión abierta. Se trata de la denominada "franja electoral", que precisamente se está difundiendo en estos días a raíz del plebiscito constitucional que tendrá lugar el próximo 17 de diciembre.

Como se comprenderá, el objetivo de esta franja televisiva es entregar la información que nos permita formarnos una opinión seria y fundada respecto de la consulta que deberemos resolver en dicho referéndum, es decir, si aprobamos o no la propuesta de nueva Constitución para nuestro país. Para tal efecto, la normativa prevé que los partidos políticos y las organizaciones sociales que apoyan una y otra opción dispongan de un tiempo para informar y entregar los puntos de vista que estimen convenientes, a fin de que las personas se formen su propia opinión respecto de la conveniencia de aprobar o no el proyecto. La franja electoral está complementada con campañas de difusión a través redes sociales, cuyo alcance e impacto es también muy relevante.

Es evidente que las posiciones "a favor" y "en contra" no sólo son legítimas, sino que cada una cuenta con razones que las avalan, y los ciudadanos tenemos derecho a conocerlas. No obstante, en la difusión de esos puntos de vista debe respetarse otra de las piezas clave de la democracia: el estricto apego al juego limpio, como lo hace un buen deportista en una competición deportiva. En otros términos, quienes apoyan el "a favor" y el "en contra" deben difundir sus posiciones y argumentos de buena fe, y, por eso, ser muy conscientes de que la formación de la opinión de los ciudadanos no puede pasar por difundir inexactitudes, tergiversaciones o distorsiones acerca del proyecto.

Sin perjuicio de lo anterior, los ciudadanos tenemos igualmente la responsabilidad de contrastar la información que recibimos con el documento de la propuesta constitucional, que es la mejor manera de detectar las inconsistencias o inexactitudes que pueden fluir en las campañas de ambas opciones. No cabe duda de que esta tarea puede resultar ardua y tediosa, porque, como todo texto legal, el proyecto de Constitución contiene términos y conceptos técnicos que pueden hacer compleja su plena comprensión. Por eso deben valorarse todas aquellas iniciativas destinadas a explicar con rigor y simpleza la propuesta de nueva carta fundamental, como es el caso de "El proyecto de Constitución explicado", que desde el pasado fin de semana está siendo publicado por este medio.

Vivimos tiempos convulsos, de desconfianza, división política e inseguridad ciudadana, y qué duda cabe que una Constitución puede ser un importante instrumento para generar las condiciones que permitan ir mejorando poco a poco esta realidad. En tal sentido, debemos tener cuidado en examinar no sólo los principios y derechos que consagra el proyecto constitucional, sino que muy especialmente el sistema político y la institucionalidad a cargo de la persecución y sanción de los delitos. Para tal efecto, debemos revisar por ejemplo si el texto contiene o no un modelo que se haga cargo de la enorme fragmentación política que existe hoy (más de veinte partidos políticos están representados en el Congreso), y si está o no dotado de instituciones con suficientes competencias para abordar adecuadamente el orden público y la seguridad.

Como se ve, nuestro desafío como ciudadanos no sólo consiste en participar en el próximo plebiscito del 17 de diciembre, sino que también hacerlo en base a una opinión bien informada.