La UANDES
Chile vivió este jueves su último día bajo alerta sanitaria por Covid-19, después de pasar poco más de 1.300 días bajo ese marco establecido ante la emergencia de salud pública anunciada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Entre las principales medidas que se regían por la alerta sanitaria figuraba el uso obligatorio de la mascarilla en hospitales y centros de salud y en las escuelas y colegios, aunque para éstos solo aplica en los lugares cerrados. A partir del 1 de septiembre, su uso será voluntario.
"Dejará de ser obligatorio el uso de la mascarilla tanto en establecimientos educacionales como en establecimientos de atención clínica, si bien mantenemos la sugerencia de utilizar mascarilla en las consultas de urgencia", dijo hace unos días la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli.
La ministra de Salud, Ximena Aguilera, insistió en que "nosotros como sistema de salud una de nuestras obligaciones siempre es propender a que la gente proteja su salud, recomendamos fuertemente que las personas con síntomas respiratorios sigan usando mascarilla para no contagiar al resto y que también las personas que van a los servicios de urgencia mantengan el uso de mascarilla en lugares donde se concentran personas que están con sintomatología y que pueden contagiar a otros".
La alerta sanitaria, que otorga facultades a las autoridades para la toma de medidas extraordinarias ante una crisis, fue decretada el 5 de febrero de 2020 por el entonces ministro de Salud Jaime Mañalich, hasta marzo de 2020, sin embargo, ante la aparición de distintas olas de Covid-19 y el aumento de casos, se extendió en varias ocasiones, la última de ellas en marzo de 2023 por la Administración actual hasta el 31 de agosto.
La doctora Cinthya Urquidi, académica de la Universidad de Los Andes, comentó que "la curva epidémica ya venía en descenso; también se sabe por investigaciones propias que el mayor impacto para el control de propagación para este tipo de enfermedades se atribuye más a la vacunación que a este tipo de medidas (uso de mascarillas)".
"Por lo tanto, mantener una medida instalada tardíamente y con poco impacto no vale la pena, y está muy bien que se termine. Es más, debería haberse retirado antes", opinó.
Otra medida que contemplaba la alerta sanitaria es el teletrabajo como derecho en el sector público y privado, cuya aplicación se regirá, a partir de ahora, por lo establecido en la ley, en el caso de los funcionarios públicos; y según las condiciones de cada trabajador y empresa, en el caso de los privados.
Preocupación por desvinculaciones
La alerta sanitaria también permitió contratar a personal no especializado o incluso estudiantes para combatir la emergencia, una decisión que ahora causa preocupación por el futuro de miles de trabajadores de la salud que fueron contratados en este contexto y ahora pueden ser desvinculados.
Según cifras del Ministerio de Salud, se llegaron a contratar a 32.000 profesionales no médicos y técnicos en tiempos de pandemia para apoyar a los servicios de urgencias y UCI. De estos, hasta hoy se mantienen trabajando 12.000.
"Pediremos que sean reasignados 6.070 porque no pueden suspenderse sus funciones, los otros 6.000 deberán desvincularse", indicó la ministra Aguilera, en una entrevista, ad portas del fin de la alerta.
Aldo Santibáñez, presidente de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss), consideró "preocupante que el Gobierno del presidente Boric no tome una decisión respecto de la mantención del total de los trabajadores y trabajadoras, es decir, cerca de 12.500 trabajadores y trabajadoras de salud que han venido a fortalecer el sistema sanitario público de Chile".
Estos "hoy día están realizando otras funciones que son permanentes, que son regulares, que tienen que ver con la atención directa en temas de lista de espera", aseguró.
Por ello, "nos parece un contrasentido que hoy día estos casi 6.500 trabajadores estén en la incertidumbre y no continúen el próximo año".
*Fuente: Cooperativa.cl
