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“Es posible que uno inicie los trámites para poner un restorán y alos tres o cuatro meses de trámites se instale al lado un jardín infantil y ya no se pueda tener patente de alcoholes”. El ejemplo lo da Máximo Picallo, presidente de Achiga, que agrupa al sector gastronómico y, lo peor, es que continúa señalando que “es bien probable también que el negocio nunca vea la luz porque en la espera de los trámites se acaba el capital inicial”.
Es la llamada “permisología”, es decir, una alta cantidad de trámites a la espera de innumerables permisos en infinitas reparticiones públicas que afecta a pequeños emprendedores y también a grandes compañías que quieren invertir en Chile. Un estudio de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) que se hizo entre 2018 y 2022 identificó 439 trámites que afectan el proceso de inversión; 71 entidades responsables de entregar 309 permisos distintos para que un proyecto se transforme en una inversión, de los cuales 63 fueron señalados como críticos, es decir, pueden paralizar un proyecto.
Para eso, el Gobierno viene preparando un proyecto de ley del que no se conocen mayores detalles. Es parte del Pacto Fiscal que intenta dar vida el Gobierno y contempla cuatro medidas: reformar el Sistema de Evaluación Ambiental, las Concesiones Marítimas, la Ley de Patrimonios del Consejo de Monumentos y la tramitación de Permisos Sectoriales, que viene del gobierno anterior. Según ha comentado el ministro de Economía, Nicolás Grau, los cambios se harán en 380 permisos, ideas que se desarrollaron en mesas de trabajo.
¿Cuál es el problema actual? Pilar Giménez, directora del Centro de Estudios Territoriales de la Universidad de los Andes, ha estudiado el asunto y señala que “en Chile tenemos un diagnóstico compartido: nuestro contexto regulatorio es confuso, con superposición de normas y facultades dispersas entre muchos organismos públicos, lo cual da cabida a interpretaciones diversas de la autoridad”.
De acuerdo a la experta, los nudos no son pocos: “Normativa mal formulada, excesivamente compleja y dispersa; instrumentos de planificación obsoletos; gran cantidad de actores con supuestas facultades interpretativas; debilidad de los mecanismos de reclamación; falta de sanciones ante el incumplimiento de los plazos legales; ausencia de estandarización de procesos antes las DOM y organismos sectoriales; de profesionales capacitados; de recursos materiales para la revisión de proyectos y de incorporación de mejores tecnologías y digitalización”.
El diputado Guillermo Ramírez (UDI) explica que “el problema es doble, por un lado el Estado pide papeles que el mismo Estado tiene y, segundo, hay decisiones que son arbitrarias, como el Comité de Ministros, que es un comité político y tiene que tomar decisiones ambientales sin la expertise, lo mismo con seremis o delegados presidenciales”.
“Hoy nos estamos quedando atrás porque nuestro sistema de permisos es incoherente, con incumplimiento de plazos, falta de coordinación entre los servicios y la baja digitalización, lo que dificulta aún más y pone más trabas a la inversión que necesitamos para volver a la senda de crecimiento”, agrega la diputada Sara Concha (PSC).
El Gobierno lo sabe. “Estoy consciente de que el sistema de permisos en Chile ha llegado a un nivel de irracionalidad e incoherencia queno tiene sentido. Le pido al Parlamento que tramite de manera rápida la reforma, sin mucha creatividad”, declaró la semana pasada el Presidente, Gabriel Boric.
Pero una traba podría darse si se liga el proyecto al Pacto Fiscal que busca el Ejecutivo, mientras que no conocer el texto, por ahora, también genera desconfianzas. El diputado Luis Sánchez (Rep.) señala que “se ha hablado mucho del tema pero hemos visto pocas o, en realidad, ninguna propuesta concreta de parte del Gobierno”.
*Fuente: Publimetro
